La reducción del presupuesto al Poder Judicial de la Federación (PJF) podría tener consecuencias internacionales para el Estado mexicano, advirtió Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aseguró que no se trata de recursos para la operatividad del Poder Judicial, sino para cumplir un compromiso dentro del tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El magistrado detalló que los 3 mil millones de pesos que posiblemente no se asignen fueron solicitados para concluir la tercera etapa de la reforma en materia laboral, a la que se comprometió México con sus socios comerciales del norte. Zaldívar advirtió que la reforma laboral no es de cumplimiento optativo, sino una obligación constitucional de las autoridades mexicanas. Señaló que incumplir esa obligación generaría una serie de consecuencias “muy desfavorables” para el país.
“Exhorto respetuosamente” a los legisladores a que se pueda ponderar la situación, para que los beneficios del T-MEC lleguen a la gente más pobre y no se ponga en riesgo la reactivación económica ni la justicia social.
La reforma laboral no es un proyecto del PJF. Es un compromiso del Estado Mexicano; una obligación constitucional para una mejor justicia para millones de trabajadores y un acuerdo internacional con nuestros socios comerciales de América del Norte. Su cumplimiento no es opcional. pic.twitter.com/gWR2fyPx2N
— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) November 11, 2021
