martes 27 febrero 2024

Entra en vigor la ley migratoria SB 1718 de Florida; grupos pro-inmigrantes anuncian demanda

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  • Entró vigor la Ley SB 1718 en Florida considerada la “ley más dura contra los migrantes”.
  • Prohíbe y declara ilegal que alguien contrate, reclute, o emplee a un inmigrante con estatus irregular.
  • Gobierno de México rechazó la entrada en vigor de la Ley SB 1718.

Este 1 de julio entró en vigor la Ley SB 1718 en Florida, Estados Unidos, aprobada por la Legislatura estatal de mayoría republicana y promulgada por el gobernador Ron DeSantis. El mandatario republicano y aspirante a la candidatura de su partido para la contienda electoral de 2024 ha intensificado su retórica contra la comunidad inmigrante: prometió deportaciones masivas, construir un muro en la frontera sur y terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

La ley no penaliza vivir, acoger, alquilar un espacio o trasladar a personas indocumentadas dentro del estado, pero sí contempla sanciones penales a quienes transporten al estado a inmigrantes que entraron al país de forma irregular y sin inspección del gobierno federal. La llamada Ley SB 1718 obliga a las empresa de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno, pena de multas y de retirada de los permisos para operar, entre otras medidas.

Otro ejemplo de la dureza de la ley es que viajar en un automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada es considerado un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión. El castigo aumenta si el pasajero es un menor de edad sin importar si se trata de un familiar inmediato del conductor.

Ley SB 1718

  • Prohíbe y declara ilegal que alguien contrate, reclute, o emplee a un inmigrante con estatus irregular.
  • Establece sanciones penales (cinco años de prisión y multas de hasta 5 mil dólares) para los inmigrantes que usen documentos falsos o de alguien más para conseguir un empleo.
  • Prohíbe a autoridades locales brindar fondos “a cualquier persona, entidad u organización para que expida documentos de identificación” a inmigrantes con estatus irregular.
  • Exige a los hospitales que aceptan Medicaid que incluyan una pregunta sobre el estatus migratorio de los pacientes (es opcional responderla).
  • Cataloga como inválidos permisos y licencias de conducir expedidos por otros estados a inmigrantes indocumentados.
  • Asigna 12 millones de dólares al “programa de transporte de extranjeros no autorizados” de DeSantis para el traslado de inmigrantes a otros estados.
  • Exige a los empleadores con 25 o más trabajadores que usen el sistema E-Verify para nuevas contrataciones.
  • Faculta a funcionarios estatales, como el jefe de seguridad interior de Florida, a coordinar “acciones de aplicación de la ley de inmigración”, entre otras facultades otorgadas a autoridades y entidades públicas.
  • Tipifica como “tráfico de personas” y delito grave el traslado hacia Florida de personas en estatus irregular con penas de cárcel y multas.

Organizaciones proinmigrantes calculan que hay unos 400 mil indocumentados que trabajan en Florida. Lo hacen principalmente en sectores como agricultura, construcción y hostelería, donde significan el 10 % de la mano de obra.

Respuesta de México

El Gobierno de México rechazó las leyes antimigrantes aprobadas por Florida y las  considera violatorias de los derechos humanos. Destaca que están “inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco”. Aseguran que podrían llegar a “crímenes de odio contra la comunidad migrante”. El gobierno mexicano manifestó, a través de la Cancillería, que la ley afectará los derechos humanos de miles de personas y niños.

“La criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada. La existencia de mercados laborales transnacionales, así como la intensidad de los lazos comerciales y turísticos entre México y Florida, no pueden ser ignorados por medidas inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco”, indica la cancillería.

Anuncian demanda

Organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos argumentaron que la Ley SB 1718, que entró en vigor el pasado sábado, es inconstitucional. Afirman que “socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes”. Por lo anterior, interpusieron una demanda a nivel federal contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

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